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EL ENEMIGO ES EL RÉGIMEN

Cuando la Patria sufrió la derrota de Caseros, en guerra formalmente declarada, los vencedores internos y externos necesitaron consolidar y asegurar su victoria con una serie de hechos capitales que sobrevinieron paulatina e ininterrumpidamente. La falsificación de la historia, la persecución a los criollos, la reunión de un Congreso Constituyente que convalidara las exigencias del extranjero triunfante (sobre todo en materia económica), el dictado de una Constitución a su servicio y de espaldas a la Nación, la invocación tan continua como falaz de la soberanía del pueblo y la democrática proliferación de facciones masónicopartidarias alternándose en el gobierno, fueron algunos de los hechos capitales que llevaron a la disolución, al caos y a la entrega del país. A esto se llamó alegremente “la organización nacional”. Tuvo después varios nombres pero conservó siempre el mismo espíritu.

El sistema de Rosas ‒pedido y aprobado por San Martín y cuyo honor, según sus palabras presentaba “a todos los nuevos estados americanos un modelo a seguir” 1‒ debía ser substituido y olvidado. Las conveniencias de los ganadores eran bien distintas. Liberalismo constitucional, jurídico, histórico, político y cultural, fue la consigna; y “a palos”, el método empleado. Inglaterra y Francia eran nuestro norte. Europa sin España nuestro espejo; Estados Unidos sin América nuestro único hermano continental. Era el plan del sojuzgamiento argentino; el proyecto y la forma que necesitaban y reclamaban los enemigos; la firma para cobrar el cheque de nuestro patrimonio físico y metafísico.

Un general traidor ‒Urquiza‒ apoyado y respaldado por un poder militar y comercial extranjero, les armó un Congreso para que un grupo de “iluminados” copiase una constitución foránea. Cuando la situación se puso tensa, el general recibió desde las logias la orden de rendirse en Pavón, y finalmente ‒usado e inservible‒ lo asesinaron. Quedaban las consecuencias, los herederos y los custodios de su proceder antinacional. Quedaban las hipotecas legales e institucionales; la colonización y la revolución mental. Quedaba el demoliberalismo masón como garantía de continuidad y permanencia, detrás de los aparentes cambios. Quedaba, en suma, el Régimen, que desde entonces ‒cambiando a veces el follaje pero nunca las raíces y los frutos‒ perdura, crece y se conserva a expensas de la Nación.

La presencia inamovible del Régimen es el tributo que paga la Patria a quienes la derrotaron en Caseros; es el reaseguro que viene renovándose ante las Internacionales de turno por ausencia de una real inteligencia y voluntad política soberanas. Es el precio y el síntoma de su dependencia.

Nada se entiende sin esto. Civiles y militares, oligarcas y populistas, gobernantes de facto o electos se vienen sucediendo en el poder, pero el Régimen permanece intocable como santo y seña de acatamiento y obediencia al mundo moderno y a sus dueños. Y si la permanencia del Régimen es la clave de las distintas servidumbres gubernamentales a sus mandantes, el Régimen contiene a la vez, en sí mismo, los instrumentos de su permanencia: el sistema partidocrático, la soberanía popular, el sufragio universal, la Constitución del 53 y otros cantos de sirenas que adormecen, cautivan y engañan.

Por eso es que se alternan los gobiernos, pero todos, invariablemente todos ‒antes, durante o después y cualesquiera sean los signos que los caractericen‒ declaran su fe democrática, sus creencias populistas, su apego por los modos sufragistas, su respeto incondicional a la ley del 53, sus profundas convicciones partidocráticas y su inaceptación de toda otra salida que no suponga escuchar la voz del “soberano” en las urnas. Por eso es que todos no sólo omiten la cuestión de fondo sino que tonifican sus manifiestos liberales en proporción directa a la mediatización y a las presiones de que son objeto y cómplices. Y por eso, a mayor servidumbre de los poderes públicos, mayor prontitud, celeridad y prolijidad en cumplir con la democratización.

“La promoción en el mundo contemporáneo ‒decía Genta‒ del populismo, de la soberanía del pueblo, del régimen de partidos y del sufragio universal, es iniciativa y exigencia del Poder Internacional del Dinero, a fin de asegurar tanto su libertad de acción como su total impunidad, frente a gobiernos irremediablemente débiles, comprometidos y sumisos… El Imperialismo de la Usura se expande sin límites y sin trabas a favor de los regímenes populistas sean constitucionales o de facto… La verdad es que el retorno a la Constitución del 53 responde a un compromiso obligado ante su majestad el poder del Dinero con su rostro bifronte: el capitalismo liberal y el materialismo marxista… Porque el régimen populista de la legalidad democrática constituye la suprema garantía para la institucionalización de la entrega patrimonial a los poderosos de la tierra y para el fermento de la subversión en todos los órdenes de la existencia”.2

Nuestra historia documenta claramente estas afirmaciones; pero el presente les confiere una exactitud difícil de soslayar. Lo vemos cotidianamente. No pasa día sin que las más variadas presiones internacionales ‒que actúan desde adentro y desde afuera del país‒ hagan sentir todo su peso y toda su fuerza coactiva para exigir, asegurar y apurar la llamada institucionalización. No pasa día sin que desde los distintos resortes del gobierno mundial se empuje humillantemente a la Argentina a dar los pasos hacia su completa y total democratización. Y no pasa día sin que el Proceso de Re-Organización Nacional se comprometa a llegar a las elecciones como si allí estuviera la panacea, como si la ficción satánica de la soberanía popular pudiera resolver los males que nos aquejan.

Y lo hemos visto hace muy poco durante la Guerra de las Malvinas. Interminables fueron las voces que aseguraban que todo se hacía para aliviar al próximo gobierno constitucional. Interminables fueron las justificaciones, las explicaciones, los requiebros y las disculpas a los políticos. Interminables resultaron los juramentos públicos de que nada ni nadie detendrían la vocación democrática, civilista y republicana del Proceso. Como si la promesa de las urnas y los votos abriera las puertas de la comprensión y la conmiseración de los poderosos. Y sin duda, esos poderosos, son sumamente comprensivos. Comprendieron lo esencial: y es que la plena vigencia del Régimen requería y requiere una Argentina derrotada. Caso contrario, era una evidencia sellada con sangre que la soberanía no es obra de las urnas sino de las armas; que la Patria se levanta y se sostiene sobre el sacrificio y no sobre el beneficio partidocrático; y que no hay cuadernito de circunstancias que esté por encima de la Ley de Dios y del Derecho Natural.

La entrega de Puerto Argentino es sólo un aspecto del país vencido. Como sucedió con Caseros y después de él, la plena vigencia del Régimen es el verdadero y completo programa de la rendición. Ayer y hoy; desde Caseros hasta Malvinas; la vigencia exultante y total del Régimen es la auténtica rendición y derrota nacional. Y esa vigencia total y omnipresente no se conforma ya con su versión castrense; quiere sin máculas ni sombras la soberanía del pueblo, el sistema partidocrático, el vómito electoral y la Constitución del ‘53; el carnaval democrático funcionando al tope en la colonia obediente y feliz.

No parece pues prioritario dilucidar ahora en el terreno estrictamente especulativo, la legitimidad o no del sistema de partidos. Hay al respecto enseñanzas clásicas y modernas y un magisterio eclesiástico lo suficientemente revelador.3 Tampoco parece oportuno caer en una embelesada exégesis del texto constitucional, para medir el grado de sus virtudes salvíficas. Baste recordar a quienes levantan la Constitución como panacea frente a los abusos militares, que el Congreso Constituyente del ’53, que sancionó y promulgó la peculiar Carta Magna, fue el resultado de una sucesión de actos despóticos del tirano Urquiza ‒militar y traidor‒,4 y que la tal Carta Magna fue violada muchas veces por gobiernos civiles y constitucionales. Baste recordar también a los que intentan conciliar la tradición cristiana con el texto legal, que fue precisamente tal incompatibilidad la que motivó en su momento y a posteriori encendidos debates y oposiciones, y que el mismo Padre Esquiú el 8 de diciembre de 1880, lamentó y repudió públicamente los frutos de “tanta apostasía” y “las aguas mortíferas de enormes crímenes” que se produjeron al amparo del masónico engendro jurídico.5

Baste recordar incluso a aquellos que contemporizan Nacionalismo con Constitución, que la misma se hizo sobre las bases de la más abyecta anglofilia unitaria, y que entre los proyectos constitucionales no alberdianos y auténticamente federalistas que jamás tuvieron en cuenta los Congresales del ’53, estaba el de Pedro de Angelis, el cual, en la Sesión segunda del Título Primero, artículo 5º, proponía “tomar las medidas necesarias para hacer valer los derechos de la República sobre la provincia de Tarija, Las Islas Malvinas y una parte del Estrecho de Magallanes ilegalmente ocupadas por fuerzas extranjeras”.6

Lo que sí nos parece prioritario y urgente es retrotraer la cuestión a sus orígenes. Porque más allá de las disquisiciones teóricas y de las discusiones domésticas, hay una realidad substancial que no puede desconocerse y sobre la que venimos insistiendo. El totalitarismo del Régimen es el programa de la rendición argentina. Y el programa del Régimen es el totalitarismo de la democracia, con sus partidos, sus estatutos, sus urnas y sus reglamentos constitucionales. Razones de más para advertir que sólo destruyendo al Régimen se salvará la Patria; sólo negándose a aceptar sus instrumentos, criterios, pautas y objetivos, podremos estar seguros de que no nos hemos rendido.

No habrá Reconquista mientras dure el Régimen; no habrá resistencia mientras no se resista a entrar en sus componendas. No habrá victoria mientras no se le declare la guerra a quienes trocaron la Guerra Justa por el circo partidocrático; a quienes quieren compensar la pérdida de la Soberanía Nacional con el mito de la soberanía popular, constituida en paliativo, consuelo, distracción y recompensa de todos los oportunistas. Lo que verdaderamente urge es advertir y rechazar esta maniobra.

Aunque se tengan las mejores intenciones y propósitos, lo cierto es que aceptar las reglas de juego populista, sumarse a la convocatoria pluripartidaria, adaptarse a las circunstancias institucionalizadoras, amoldarse a la mitolatría constitucionalista, consentir el criterio político oficial, no son más que distintas actitudes de un solo hecho: la rendición de la Patria. Bien miradas las cosas, la claudicación en Puerto Argentino es sólo un hito ‒ciertamente desgarrador‒ de una claudicación iniciada mucho antes y continuada ahora impunemente. El 14 de junio y marzo del ’84 (tercer trimestre del ’83, o cuando sea) son las dos caras ‒militar y política‒ de una misma derrota cuyo único artífice es el Régimen.

Y el Régimen, para decirlo en célebre metáfora joseantoniana, es esa “taberna crapulosa con restos desabridos de un banquete sucio” que se disputan conocidos y asqueantes comensales.

Todavía sigue estando afuera nuestro sitio; y aunque no tenemos “armas bajo el brazo”, ni el poder del dinero, las logias y la propaganda, tenemos un Rey que nos pidió librar el Buen Combate; que nos prometió la victoria si nos mantenemos leales, firmes y fieles hasta el final; y que nos impulsa a pelear contra el mal sin miedo a quedarnos solos o aislados, porque Él está con nosotros, “todos los días, hasta la consumación de los siglos”.

Antonio Caponnetto

Esta nota ha sido tomada de la Revista “Cabildo” Nº 60, segunda época, año VII, de enero de 1983, páginas 16-19.

Notas:
1. San Martín, Carta a Rosas del 2 de octubre de 1848.
2. Cfr. Genta, J. B.: El Nacionalismo argentino, cap. 1 y Principios de la Política, cap. VI.
3. Desde estas mismas páginas (2ª época, Año VII, Nº 56, septiembre del ’82, pp. 11-14) el Dr. Félix A. Lamas ha iluminado la cuestión. Nos parece importante sintetizar esquemáticamente sus principales afirmaciones:
‒ Los partidos políticos no hacen a la concordia política, causa eficiente del Estado, sino a la discordia que es su causa deficiente, “vale decir, lo que disgrega la comunidad política y la conduce a su desaparición”.
‒ A diferencia de los grupos sociales infrapolíticos naturales, los partidos tienen un sesgo artificial y por lo general circunstancial. Al constituir de alguna manera la expresión de la discordia política, representan “el querer particular desordenado, la voluntad de la parte que se alza contra el bien del todo”. De allí que su existencia “se trata siempre de un mal actual o potencial respecto de la unidad concorde de la Nación”.
‒ No obstante, “pueden constituir vehículos de opinión o canales del querer sobre cuestiones opinables, cuando éstas no encuentran adecuada expresión a través de las comunidades naturales… De tal manera, aunque de suyo no sean deseables, deben ser tolerados y regulados bajo ciertos límites para obtener ocasionalmente de ellos algún bien”.
‒ “De ahí no se sigue que deban ser protegidos o promovidos, y menos aún convertidos en un instrumento necesario de la República y en basamento del régimen”. “Lo malo no debe convertirse en regla”.
“En la medida en que la existencia de los partidos políticos es un mal necesario, ellos deben ser tolerados. Pero hay ciertos límites a esa tolerancia que deben entenderse en forma inflexible”. Los límites, obviamente están dados por los supremos intereses de la Nación, materiales y espirituales. Nos preguntamos si tan serios reparos en el orden de los principios no invalidan tanto la petición de tolerancia (en la práctica, difícil de regular) como la calificación de “necesario” a tan evidente “mal”; máxime cuando se ha sostenido previamente que (los partidos) no pueden ser convertidos “en un instrumento necesario de la República”. A menos que la necesidad aludida se refiera a la causal condicional; esto es a la que se sigue como efecto o consecuencia de un hecho. Por otra parte nos preguntamos también, si así como la aplicación de los métodos psicoanalítico y materialista-dialéctico es inseparable de las doctrinas que los informan, la aceptación de los partidos como medios, métodos o recursos, no comporta acaso la aceptación ‒implícita o explícita‒ de las ideologías en que sustentan su existencia y funcionamiento.
El Magisterio Auténtico de la Iglesia siempre consideró que el Régimen de partidos es consecuencia de la concepción revolucionaria de la política, cuyos errores reprobó insistentemente, desde que comienza secularizando el poder y acaba haciendo de la sociedad una adición discorde de individualidades. Y si bien ‒como enseña el Padre Meinvielle‒ “tolera esa forma como hecho irremediable… ha expuesto sobradamente en documentos públicos su doctrina sobre el ordenamiento de la ciudad para que podamos apreciar que la actual organización de la ciudad terrestre no es la propiciada por ella” (Concepción Católica de la Política, p. 113, Ed. Dictio. Vol. VII de la Biblioteca del Pensamiento Nacionalista. Bs. As. 1974). En tal sentido, abundan en los documentos eclesiales que de algún modo encaran el tema, diversas prevenciones, reparos, objeciones y condicionamientos sobre la existencia y el funcionamiento de los partidos. Véase por ejemplo: León XIII, Notre Consolation, III, 18; Immortale Dei, III, 23; Cum Multa, I, 3; Sapientiae Christianae, III, 15; Pío XII, La organización política mundial, 6; etc.
4. La elección de los constituyentes fue una arbitrariedad de Urquiza, con sus famosos “he elegido”, “he resuelto”, “he destituido”, que pueden rastrearse documentalmente con toda facilidad. Ni representaban al pueblo ni a sus provincias respectivas, ni se respetó en muchos casos norma legal alguna para su designación. “Alquilones”, los llamaron en Buenos Aires, cuya Legislatura ‒el 13 de septiembre de 1852‒ se atrevió a declarar que “a la elección (de los diputados de la provincia) no concurrió el pueblo de la ciudad y campaña y se hizo bajo el imperio de la fuerza”.
Tampoco fueron ajenas las arbitrariedades urquicistas al desarrollo de las sesiones del Congreso, a las presiones y maniobras de los denominados “circuleros” (liberales) contra los “mazorqueros” (tradicionalistas), a la celeridad inaudita de los debates, a las irregularidades jurídicas cometidas, a la súbita aprobación de los tratados firmados con los extranjeros triunfantes en Caseros. Urquiza cumplió bien con sus mandantes. La Constitución era el instrumento legal de la servidumbre colonial. “No se dictó por una voluntad popular… sino obedeciendo a las órdenes de un general victorioso” (cfr. Gálvez, J.: Revisionismo histórico constitucional. Ed. Celcius, Bs. As. 1967, p. 174). Innegable paradoja que no advierten liberales, constitucionalistas, civilistas y antimilitaristas.
5. El liberalismo religioso y la abierta heterodoxia del texto constitucional en la materia acentuaron las divisiones de los congresales, algunos de los cuales, no sólo se opusieron vivamente, sino que se retiraron del Congreso (como los Padres Pérez y Centeno). Fue necesario un golpe de fuerza parlamentario ‒el 23 de febrero de 1853‒ para aprobar fraudulentamente los artículos que trataban las cuestiones religiosas. Otra imposición masónica cumplida por Urquiza e impuesta “democráticamente”.
6. Otra de las resoluciones constituyentes arrancadas por las presiones del genera Urquiza, fue la ratificación de los tratados firmados con Gran Bretaña, Francia y los Estados Unidos, que establecían un verdadero protectorado extranjero sobre nuestro patrimonio fluvial. Algunos congresales se opusieron, y el más vehemente de ellos, el gral. Pedro Ferré, fue expulsando del Congreso; “queda borrado”, dicen las democráticas actas.

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